La Comunidad de Madrid destinará un total de 25 millones de euros para prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19. Así lo ha aprobado el Consejo de Gobierno de esta semana, mediante un acuerdo que indica que serán destinatarios finales de estas ayudas los demandantes de empleo de la región que lo hayan perdido o finalizado su trabajo por cuenta propia, a partir del 14 de marzo de 2020, y que dispongan de la cualificación profesional ajustada a los programas subvencionados.
Las áreas prioritarias están relacionadas con los servicios a la comunidad (limpieza de edificios públicos, ayuda domiciliaria a personas en situación de dependencia, formación extraescolar para niños y jóvenes, etc) y la promoción de la salud en servicios municipales (actividad física en personas mayores, acompañamiento de menores a la entrada y salida de centros escolares, buenos hábitos en materia de obesidad, etc).
También está incluido el cuidado del medio ambiente (riego por goteo o el refuerzo del servicio de recogida de basuras, entre otros); la edificación y obra civil (reparación de edificios municipales, instalación de energías renovables y de aparatos deportivos y zonas infantiles, etc); y la promoción del turismo local (refuerzo del servicio municipal de información sobre el sector o elaboración o señalización de sendas o itinerarios turísticos).
De esta forma, y durante su participación en ellos, los beneficiarios recibirán orientación profesional, prácticas con contrato a jornada completa durante al menos seis meses, y formación de 70 horas en los módulos de sensibilización medioambiental y competencias digitales.
Las cuantías de las subvenciones previstas pretenden cubrir los gastos salariales y de cotización a la Seguridad Social derivados del contrato de trabajo suscrito, así como los de impartición de la formación. Para acceder a las ayudas la actividad se ha de iniciar en el año 2021.
La dotación presupuestaria procede del fondo de recuperación Next Generation de la Unión Europea, y serán gestionados por las entidades locales, que ofrecerán a los beneficiarios prácticas remuneradas en los sectores incluidos en la convocatoria.
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