«La pesadilla se repite en Torrejón de Ardoz, capital de los Fondos Buitre, diez familias a punto de ser desahuciadas tras ver cómo sus viviendas públicas y protegidas eran vendidas a FIDERE, filial española del Fondo Blackstone», así de contundente ha sido el portavoz del PSOE, Javier Castillo en un comunicado.
Castillo se ha reunido con las familias afectadas, residentes en la calle Benjamín Palencia, nº 2 del Soto del Henares, para buscar una solución al grave problema. «Una vez más, el fondo de inversión Blackstone inicia procedimientos que finalizan en órdenes de desahucio, en esta ocasión se trata de diez de familias torrejoneras residentes en el Soto del Henares, epicentro de la capital de unos Fondos Buitre que se han convertido en los grandes tenedores de vivienda de la zona y manejan el precio del mercado de alquiler sin una respuesta municipal que enfrente este drama», señala.
Y cuenta cómo «lamentablemente, todas estas viviendas construidas con suelo y dinero público fueron vendidas por lotes por parte de la Comunidad de Madrid a los denominados Fondos Buitre por un precio inferior al valor de su construcción y sin que se dejara ejercer el legítimo derecho de tanteo los inquilinos de todas estas viviendas, que, en este caso, llevan residiendo en sus respectivos domicilios entre 7 y 10 años».
«En 2018 y sin ser informados, la Presidencia de la Comunidad de Madrid decidió vender sus casas con las familias dentro al Fondo Buitre Blakstone mediante su filial española FIDERE. Sus viviendas formaban parte del PLAN DE VIVIENDA JOVEN DE LA COMUNIDAD DE MADRID, siendo, por tanto, públicas y en régimen de alquiler con opción a compra. Pero la venta de las viviendas a FIDERE eliminó el derecho de estas familias ejercer su derecho de compra al precio acordado y marcado por la Dirección General de la Vivienda», denuncia el socialista.
Y relata que «desde el mes de abril del presente año llevan sufriendo graves abusos inmobiliarios por parte de FIDERE, negándose a renovar los contratos de alquiler en condiciones asumibles y ofreciendo nuevos contratos que llegan a los 1.200 euros mensuales. Asimismo, reciben la amenaza constante de desahucios inminentes de sus viviendas».
Todas y cada una de las familias han cumplido y siguen cumpliendo de forma rigurosa los pagos relacionados con el alquiler y consumos de sus viviendas. «Es evidente que con las abusivas condiciones impuestas por parte de FIDERE a las familias afectadas les resultaría imposible seguir en sus viviendas», puntualiza Castillo.
Las familias están demandadas en la actualidad por incumplimiento de contrato y las consecuencias directas de estas actuaciones especulativas son para forzar sus desahucios silenciosos e implacables.
Por todo ello, Castillo se ha comprometido a «trabajar para la búsqueda urgente de una solución que pasa por una negociación entre la empresa y las familias que derive en un acuerdo que permita a las familias continuar en sus viviendas, algo que felizmente se ha conseguido con la misma empresa en otras viviendas del barrio, como por ejemplo, con las familias de la calle Juan Gris».
«Para eso es fundamental el consenso de todos los partidos políticos y el ayuntamiento como institución empezando por el alcalde», explica Javier Castillo, al que solicita que se «sume a la lucha para encontrar una solución que evite que 10 familias de Torrejón de Ardoz sean expulsadas de sus viviendas por la inmoralidad del gobierno de la Comunidad de Madrid».
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