El trabajo de las Brigadas Especiales del Cuerpo de Agentes Forestales (BEIF) de la Comunidad de Madrid logró esclarecer la causa del 82% de los incendios de vegetación registrados en la región durante el pasado año.
Así, en 2023 se registraron 232 fuegos de los que un 84% se quedaron en conatos, con una superficie quemada menor a una hectárea. De todos ellos, las BEIF lograron descubrir a los autores de 44 casos e iniciaron 15 procedimientos penales.
Del total, el 61% fueron, o intencionados (el 32%), o por negligencias (31%). Igualmente, un 18% tuvieron origen desconocido; un 13% se debieron a causas accidentales; un 5% se produjeron por la acción de rayos, y un 2% eran reproducciones de casos anteriores.
Entre algunas de las principales causas destacan la quema de residuos o restos agrícolas; el incendio de vehículos; el uso de maquinaria en el monte como desbrozadoras, equipos de soldadura o radiales, y problemas en la red eléctrica o actos vandálicos.
Los Agentes Forestales examinan todos los casos que afectan a la vegetación de la región, sea cual sea la superficie afectada. Para ello cuentan con dos brigadas especializadas formadas por 21 miembros. Cuando se produce un suceso de este tipo, una patrulla de las BEIF se desplaza junto al equipo de extinción.
Los especialistas aplican una metodología que permite determinar qué y quién ha ocasionado el siniestro. Así, realizan una investigación minuciosa hasta llegar al lugar exacto del origen; en él se pueden encontrar evidencias que revelen el medio de ignición, así como diferentes pruebas que tienen que ser levantadas y custodiadas.
Provocar un incendio es un delito penal
Provocar incendios por negligencia, imprudencia o de manera intencionada está tipificado en el Código Penal.
La causa de cada fuego permite tomar las medidas necesarias para evitar que se produzcan otros en el futuro. Asimismo, a partir de los resultados encontrados es posible averiguar el papel de las personas implicadas.
Una vez investigados, los atestados que puedan constituir un delito se elevan a la Fiscalía de Medio Ambiente y la Comunidad de Madrid puede personarse como acusación particular en los procedimientos judiciales que se deriven de emergencias por este daño forestal.
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