Alejandro Navarro Prieto firmó el pasado domingo el manifiesto del Partido Popular, junto a otros regidores de grandes ciudades gobernadas por el PP, reafirmando su compromiso con una serie de medidas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda y reforzar la seguridad en los municipios.
La iniciativa, promovida en un encuentro liderado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, busca dinamizar el mercado inmobiliario y combatir la okupación ilegal.
Entre las principales propuestas recogidas en el manifiesto destaca la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la agilización de las licencias de obra para favorecer el desarrollo urbanístico.
La firma de este documento tuvo lugar durante el I Foro de Grandes Ciudades de España, al que acudieron los 33 alcaldes y alcaldesas de las ciudades de más de 100.000 habitantes de España gobernadas por el Partido Popular, entre ellas, Torrejón de Ardoz.
Los Acuerdos de Zaragoza incorporan medidas como la mejora de la seguridad y los servicios públicos, reducir la fiscalidad, luchar contra la soledad no deseada, ayudar a la conciliación de las familias con hijos en edad escolar y apoyar la conciliación, y aumentar la financiación a los ayuntamientos.
El presidente del Partido Popular de Torrejón, Alejandro Navarro, destacó: «El documento que hemos firmado son medidas reales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en materias que les preocupan en su día a día como el acceso a la vivienda, los impuestos, la seguridad y la natalidad, demostrando, una vez más, que el PP siempre está del lado de las personas y otras medidas donde Torrejón ya es pionero como el protocolo antiocupación, que actué como una oficina de atención para los propietarios afectados y que ya existe en Torrejón desde hace años».
También se reclama al Gobierno que la Ley de Desalojo Inmediato de Okupas sea debatida y aprobada en el Congreso. En materia de conciliación, se subraya la apuesta del PP promoviendo la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años.
Además, los Acuerdos de Zaragoza exigen al Gobierno de España que atienda el problema real de la multirreincidencia y deje de bloquear las reformas legislativas para endurecer las penas, como la ya presentada en el Congreso por el PP.