La Comunidad de Madrid permitirá a los ayuntamientos de la región construir vivienda pública en suelo público dotacional en desuso para su posterior alquiler, sin necesidad de realizar antes una modificación del planeamiento urbano local.
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ha destacado esta novedad normativa incluida en la Ley Ómnibus durante su participación hoy en un encuentro organizado por la asociación Women In Real Estate Spain (WIRES).
Martín ha señalado que, con la aprobación de esta norma en diciembre del año pasado, “el Gobierno madrileño ha cumplido un nuevo compromiso, al llevar a cabo una reforma legislativa ambiciosa orientada a ampliar espacios de libertad, incrementar la eficiencia, tanto en el ámbito autonómico como local, y asegurar un marco regulatorio favorable al emprendimiento y el desarrollo de proyectos e inversiones”. “Ahora está en manos de los diversos operadores, públicos y privados, aprovechar todas las herramientas y oportunidades que ofrece”, ha añadido.
La norma hace posible que los consistorios con parcelas públicas de suelo calificado como equipamiento o dotacional, que no han cumplido su destino ni lo van a cumplir y se convierten en un vacío urbano, tengan esta posibilidad de actuación, una medida que servirá para luchar contra el éxodo de la población joven en pequeños municipios.
El Gobierno autonómico, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, informará a los 179 consistorios de la región sobre las nuevas posibilidades que ofrece la Ley Ómnibus, fundamentalmente en ahorro de tiempo y recursos humanos.
La nueva normativa también dota a los municipios con más de 15.000 habitantes de mayores competencias para la aprobación de modificaciones o correcciones a su planeamiento (que hasta ahora requerían modificación del Plan General). Estos tendrán la opción de hacerlo mediante planes especiales, sin que la Comunidad de Madrid tenga que dar el visto bueno definitivo como ocurría hasta ahora. Esta medida supone una reducción de seis meses en los plazos de tramitación, agilizando la implantación de actividades, desarrollos urbanos e inversiones.
La Asamblea regional dio luz verde en diciembre del año pasado la Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración. El texto tiene por objeto la modificación de 50 normas que refuerzan tanto la seguridad jurídica como la agilidad y eficacia de los organismos públicos.
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